Debe garantizar la confidencialidad tanto del proceso como del denunciante, facilitando incluso la tramitación de denuncias de forma anónima.

Ha de asegurar que el proceso de tramitación se complete de manera rigurosa y que se adecúe a los plazos establecidos en la Ley 2/2023.

Tiene que cumplir con las disposiciones de la legislación (generación de acuse de recibo de las denuncias, trazabilidad de los hechos y del proceso…).

Por parte de un órgano imparcial, recogiendo incluso la recomendación de que la gestión sea realizada por un proveedor de servicios ajeno a su empresa.